Por Roberto Zedillo Ortega (@soykul)
Las primeras semanas de 2022 fueron una cascada de LGBTI-fobia. Enero estuvo marcado por una serie de discursos excluyentes, actos discriminatorios, agresiones violentas y crímenes de odio. Desde insultos y escupitajos hasta golpizas y asesinatos, la dimensión y urgencia del problema es hoy más que evidente.
El actual gobierno federal ha hecho muchas promesas en esta materia, pero traducirlas en un diseño de políticas públicas le ha tomado medio sexenio. Desde 2019, al decretar el Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia, el presidente retomó las palabras de la entonces titular del Conapred, y afirmó que su gobierno representaría “a todas las personas, a ricos y pobres, […] de todas las corrientes de pensamiento y de todas las orientaciones sexuales e identidades de género”.
Fue hasta 2020 que la entonces Secretaria de Gobernación delineó públicamente ocho estrategias específicas contra la LGBTI-fobia. En un acto convocado por el mismo Conapred, Sánchez Cordero declaró que el Gobierno de México sensibilizaría a la población general sobre la diversidad sexual y de género, capacitaría a su funcionariado, impulsaría la inclusión LGBTI en escuelas y empleos, promovería el matrimonio igualitario y el reconocimiento de la identidad de género en todos los estados, y tipificaría los crímenes de odio.
Tuvieron que pasar casi dos años más para llevar esa agenda a políticas específicas. A la fecha, se han publicado al menos tres programas federales con obligaciones en materia de inclusión LGBTI. Se trata del Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020 – 2024, el Programa Nacional de Derechos Humanos 2020 – 2024 y el Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación 2021 – 2024. La elaboración de estos programas estuvo a cargo (respectivamente) del Inmujeres, la Secretaría de Gobernación y el Conapred. Sin embargo, su implementación requiere de acciones de todas las dependencias federales.
De los tres programas, emanan cuando menos las siguientes obligaciones concretas, ya en vigor:
- Crear mecanismos para atender la violencia y los crímenes contra las personas LGBTI, así como prevenir estos sucesos, promover su registro y reparar a las víctimas, además de impulsar que la FGR implemente el protocolo de actuación vigente en la materia.
- Prevenir el bullying LGBTI-fóbico, fortalecer los mecanismos para sancionarlo y eliminar cualquier contenido excluyente de los libros de texto.
- Aplicar el protocolo vigente para el acceso de las personas LGBTI a la salud, capacitar al personal médico y promover legislación contra los ECOSIG (i. e. “terapias de conversión”), así como contra las cirugías innecesarias a la niñez intersex.
- Promover buenas prácticas de inclusión laboral, capacitar en materia de igualdad al personal que inspecciona centros de trabajo e impulsar medidas de nivelación al interior de las dependencias federales.
- Impulsar el matrimonio igualitario y el concubinato sin discriminación en todas las entidades federativas.
- Impulsar campañas y “materiales comunicativos” contra la LGBTI-fobia, así como la adopción de buenas prácticas para la igualdad en los medios de difusión públicos y privados.
Ante esta agenda tan ambiciosa, lo urgente ahora es pasar a la acción. Esta administración tiene solamente dos años y ocho meses para cumplir todas sus promesas. Ante el panorama desolador de las personas LGBTI en México, habrá que seguir de cerca la medida en que se atiende cada obligación.
