La ola de violencia y los mensajes de odio que en los últimos días se han recrudecido en contra de las poblaciones LGBTTTI en distintas localidades del país, constituyen una señal de alerta y un motivo de reflexión para quienes desde el activismo han impulsado reformas legislativas que, al menos, en el andamiaje jurídico, garantizan una mejor convivencia social.
El intento de transfeminicidio en contra de la activista trans Natalia Lane, se suma a las agresiones que en la capital del país personas LGBTTTI han experimentado en espacios públicos. Los hechos, más allá de ser reprobables y por supuesto condenables, llaman al análisis por ocurrir en una metrópoli que hasta hace unos años presumía ser amigable y respetuosa de la orientación sexual y de la identidad de género de todas las personas.
Este golpeteo hacia la diversidad sexual de la Ciudad de México preocupa porque históricamente ha sido detonante y epicentro de los más representativos avances en materia de respeto a los derechos humanos que hoy se ejercen en todo el territorio nacional.
Los discursos de odio, francamente abiertos o veladamente emitidos desde distintos espacios y por diversos personajes, demuestran que la intolerancia está presente en todo el espectro político y social. Indudablemente, la polarización que a diario se fomenta desde las más altas esferas del poder, contribuye al ambiente de hostilidad que hoy lacera la dignidad LGBTTTI y en el que se hacen partícipes quienes tradicionalmente se han opuesto al reconocimiento de derechos.
La discriminación de la que fue objeto una pareja gay en un parque de diversiones por darse un beso, el ataque experimentado por una pareja lésbica que manifestaba su afecto, la agresión vivida por jóvenes homosexuales en un expendio de comida, y el deleznable atentado del que fue objeto Natalia Lane, todo esto en menos de treinta días, devela a una sociedad capitalina renuente a despojarse del conservadurismo y la intolerancia que con los avances legislativos parecían haber sido erradicados.
La violencia simbólica, física y verbal, sin importar su procedencia y sustentada en el odio, niega derechos, fortalece prejuicios y alienta actos criminales contra grupos vulnerables de todo el país, siendo el colectivo trans uno de los más afectados tal como lo han denunciado activistas al señalar que de 2014 a la fecha, en México han sido asesinadas al menos 200 mujeres transgénero.
En este sentido, la Dirección Nacional de Diversidad Sexual del Partido de la Revolución Democrática (PRD) condena toda agresión ejercida, no sólo contra las personas LGBTTTI, sino contra todo integrante de algún grupo social considerado en situación de vulnerabilidad, y llama a las autoridades a investigar y sancionar estos actos delictivos, a la vez que exhorta al activismo LGBTTTI a mantenerse vigilante del actuar gubernamental y a idear estrategias conducentes a fortalecer y hacer de la permanencia, la característica principal de los avances logrados a la fecha.
En este escenario nacional de violencia que afecta a los grupos en situación de vulnerabilidad, esta Dirección Nacional no dejará de dialogar, proponer y construir, tal como lo ha hecho desde su creación, en favor de la progresividad y consolidación de una sociedad en la que mujeres -sin importar su orientación sexual o identidad de género-, migrantes, personas trabajadoras sexuales, con discapacidad, afromexicanas, las infancias, y por supuesto las poblaciones LGBTTTI, ejerzan sus derechos libres de prejuicios y estigmas que perpetúan un sistema patriarcal opresor y misógino.
