En un reciente comunicado, el movimiento nacional colectivo LGTBIQ+ por la justicia para Ociel y Dorian ha manifestado su preocupación ante el silencio mantenido por la Fiscalía General de la República (FGR) en respuesta a la petición de atracción de la investigación del caso de Ociel.
Según el movimiento, esta solicitud no constituye un capricho, sino un derecho establecido en el artículo 8 de la Constitución.
De acuerdo con la Constitución, aseguran las organizaciones y personas activistas, se espera una pronta respuesta a los derechos de petición, y en casos como este, se entiende que el plazo debe ser considerado como urgente.
“La urgencia se justifica en la necesidad de preservar las pruebas que permitirían demostrar el delito, especialmente en vista de la percepción de parcialidad y falta de eficiencia en la custodia de pruebas por parte de la Fiscalía General de Aguascalientes en casos anteriores”, señalaron.
Alertaron que si se prolonga el tiempo sin respuesta, existe el riesgo de que las pruebas materiales sean alteradas, destruidas o ocultadas. Además advirtieron sobre la posibilidad de que los testigos sean influenciados o empiecen a olvidar los hechos presenciados, lo que podría afectar la veracidad de sus testimonios.
“Por lo tanto, cuanto menos tiempo transcurra entre la comisión del delito y la investigación, mayores serán las probabilidades de esclarecer los hechos, alcanzar la verdad y evitar la impunidad”, expresaron.
Ante esta situación, el movimiento exigió una respuesta inmediata por parte de la FGR y presenta al público el sitio web: https://justiciaparaociel.com/. Este portal representa un llamado unánime a la acción, un espacio de unidad y movilización en busca de justicia pues la memoria de Ociel impulsa a exigir justicia y a no permanecer en silencio.
Todos los miembros del movimiento se solidarizaron con Ociel y Dorian como víctimas de las omisiones por parte de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes y del silencio mantenido por la Fiscalía General de la República, además de sufrir los efectos del estigma, el odio y la discriminación con lo que les han arrebatado la paz, la libertad y la dignidad. Por ello, las organizaciones y activistas demandan que la Fiscalía General de la República no sea cómplice de esta situación.
