Por Antonio Medina @antoniomedina41
La iniciativa con proyecto de decreto que desde la Presidencia de la República se prepara para reformar la Administración Pública Federal (APF) enciende la luz de alerta en materia de salud, específicamente en la prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno del VIH/sida.
El proyecto que busca eliminar al menos 16 organismos –nueve desconcentrados y siete descentralizados-, propone extinguir la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), un primer paso que conduciría también a que los recursos humanos, financieros y materiales de los órganos desconcentrados y organismos descentralizados sean transferidos a distintas dependencias gubernamentales.
Resulta preocupante que sin ofrecer datos que demuestren la ineficacia de órganos desconcentrados como la Secretaría General del Consejo Nacional de Población, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; se proponga modificar la APF.
El documento tampoco demuestra la irrelevancia de organismos descentralizados como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, del Instituto Mexicano de la Juventud, o del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que justifiquen su absorción.
Llama la atención que como todo proyecto presentado por la autodenominada Cuarta Transformación, la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en su exposición de motivos, sin presentar datos duros, únicamente acuda a la idea de austeridad para sustentarla.
La extinción de la Secretaría Ejecutiva del SNA representa la posibilidad de que el embate contra la APF alcance pronto al Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (CENSIDA), que como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, tiene la responsabilidad de elaborar un programa nacional para disminuir los efectos de la epidemia, prevenirla, diagnosticarla tempranamente y brindar un tratamiento oportuno.
Aunque por el momento el CENSIDA no está previsto en la iniciativa del Ejecutivo Federal, sus funciones cada vez están más debilitadas debido a los movimientos de personal registrado en los últimos días, así como a la ausencia de liderazgos en las direcciones generales de Atención y Prevención.
Al respecto, es preciso llamar a reconsiderar la propuesta de reforma a la APF y a dejar atrás la austeridad homicida que ha afectado, en materia de salud, a miles de personas en todo el país.
La falta de compromiso de la actual administración federal en el combate al VIH/sida quedó demostrada cuando al inicio de su gestión, fueron retirados los recursos financieros que a través del CENSIDA se otorgaban a las organizaciones civiles con trabajo en áreas y regiones en las que el gobierno no tiene capacidad de incidencia.
Estaremos atentos a la iniciativa presidencial, pues de aprobarse podría ser el primer paso a desaparecer el CENSIDA, órgano desconcentrado producto en buena medida de la lucha de la sociedad civil organizada.
En esta oleada contra la APF impulsada por el Ejecutivo Federal, habrá que prestar atención al ámbito de la salud, pues es un tema que no interesa al actual régimen, tal como se ha demostrado con la omisión para resolver los problemas de desabasto de medicamentos para tratar distintas enfermedades, especialmente los requeridos por la infancia con cáncer y también por las personas que viven con VIH y que en esta administración han visto obstaculizado su derecho a la salud.
La austeridad letal de ninguna manera puede ser el criterio único para impulsar la desaparición de entes de la APF, que más que golpeteo presidencial, requieren de un fortalecimiento que contribuya a mejorar la realización de las tareas para los que fueron creados.
