Por Roberto Zedillo @serkul
En el último mes, los cuestionamientos en torno a la inclusión de las personas trans en México se han centrado en un espacio que poco parecería importar: el baño. Hace tres semanas, el personal de un Cinemex en la capital malgenerizó y expulsó a unas clientas trans de sus sanitarios; en redes sociales, el incidente ameritó una ola de mensajes transfóbicos. La reacción fue similar a principios de este mes, cuando tuiteé un letrero que (a raíz de un protocolo adoptado hace años) indica que los baños en las oficinas del INE son trans-incluyentes: los cuestionamientos abundaron a diestra y siniestra.
La discriminación transfóbica en los sanitarios no es excepcional. En la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018 del Conapred, la mitad de las personas trans reportó que apenas en el año anterior le habían restringido el uso de un baño público al menos una vez. De hecho, la Suprema Corte atrajo un caso de esta naturaleza en 2020, a raíz de hechos sucedidos en 2016.
Esta forma de exclusión casi siempre se basa en el mismo mito: que incluir a las personas trans “pone en riesgo” a las personas cisgénero. Sobre todo, la idea suele centrarse en las mujeres: se asume que acatar los mandatos antidiscriminatorios y permitir que las mujeres trans ingresen a los baños que se ajustan a su identidad de género crea mayor riesgo de acoso o abuso sexual contra mujeres cisgénero.
Más allá de que el acoso y el abuso son responsabilidad de quienes lo ejercen (mayoritariamente, hombres cisgénero), la evidencia demuestra que este miedo es infundado. En 2019, por ejemplo, se publicó un estudio comparativo de diversas localidades en Massachusetts, Estados Unidos. A pesar de sus similitudes regionales y demográficas, varias localidades en dicho estado contaban con regulaciones para la inclusión de personas trans en espacios públicos, mientras que otras no. Al contrastar localidades cuya única diferencia sustancial era si promovían (o no) la inclusión trans, fue posible valorar si había diferencias significativas en torno a la criminalidad en baños, vestidores y otros espacios similares.
Los resultados del estudio fueron claros: no se encontró relación alguna entre la inclusión trans en los sanitarios y las tasas de delincuencia. De hecho, la mayoría de los delitos reportados en baños y vestidores ni siquiera se relacionaba con cuestiones de abuso o acoso sexual, sino con hechos de vandalismo, robo y uso de sustancias. Tampoco se pudo localizar ningún caso de hombres que “fingieran” ser trans para causar daño en estos lugares (lo cual, incluso si sucediera, en todo caso sería responsabilidad de los hombres cisgénero, no de las mujeres trans).
Al contrario, impedir el acceso de personas trans al sanitario que se ajusta a su identidad de género sí genera consecuencias negativas. Por una parte, refuerza simbólicamente la estigmatización de quienes son trans, asumiendo que sólo por ello son un riesgo para otras personas. Esta visión la difunden públicamente organizaciones trans-excluyentes como “Las brujas del mar”. Por otra parte, la exclusión crea incentivos para que, con base en estereotipos de género (por ejemplo, qué tan “femenina” se ve una persona), el personal de los sanitarios sea quien defina quiénes “sí pueden” utilizar ciertas instalaciones y quiénes no.
Lo anterior genera un dilema para las propias personas trans. Algunas evitan ir al baño, lo cual pone en riesgo su propia salud física. Otras se exponen a revelar públicamente que son trans, lo cual —en un contexto ampliamente transfóbico como el nuestro— abre la puerta la violencia por su identidad de género, además de deteriorar su salud mental.
Ninguna de estas afectaciones tiene razón de ser. Por ello, la adopción de políticas trans-incluyentes en baños y vestidores es urgente. Quizá lo ideal sería contar con baños que no estén segregados con base en el género —como sucede en prácticamente todos los hogares de México. Sin embargo, mientras se mantenga la distinción entre “baños de hombres” y “baños de mujeres” en espacios públicos y comerciales, lo óptimo es que las personas puedan ingresar al que mejor se ajuste a su identidad de género sin restricción.
Sobre Roberto Zedillo Ortega (@soykul)
Es especialista en diversidad, igualdad y no discriminación. Ha asesorado diversos esfuerzos para la inclusión en instituciones públicas y órganos autónomos, y tiene experiencia en consultoría privada, investigación y docencia. Cuenta con una licenciatura en ciencia política y relaciones internacionales por el CIDE, así como con una maestría en sociología por la Universidad de Cambridge. Ha publicado varios libros, artículos y textos de difusión acerca de la discriminación. Su obra más reciente es el informe Cohesión social: hacia una política pública de integración de personas en situación de movilidad en México (CIDE, 2020), que coordinó con Alexandra Haas Paciuc y Elena Sánchez-Montijano.
