Por Roberto Zedillo Ortega (@soykul)
Las últimas semanas han estado marcadas por un caso suscitado en Mérida: la detención posiblemente arbitraria de José Eduardo Ravelo por la policía municipal, la presunta violencia física y sexual —quizá incluso tortura— ejercida en su contra, y su posterior fallecimiento días después en un Hospital General de la entidad.
Entre la serie de interrogantes e irregularidades del caso, destaco una que refleja con claridad la discriminación hacia las personas LGBTI en México. Se trata de la atención homofóbica que, de acuerdo con el testimonio de Dora María Ravelo (madre de José Eduardo), se brindó en el hospital al que ella acompañó a su hijo a solicitar atención médica.
En palabras de ella, después de que José Eduardo expuso su testimonio a un doctor de Urgencias, éste replicó: “¡¿Cómo es posible que los policías te van a violar?! Eso ni tú te lo crees […] Bueno, ¿eres gay?”. Él contestó que no, y su mamá reclamó por la pregunta: “Doctor, ¿cómo es posible que le haga esa pregunta? No es gay, y si lo fuera, él tiene sus derechos y nadie tiene por qué violentárselos, y menos si son policías. Son servidores públicos”. Ante esto, el doctor respondió: “Bueno, yo nada más pregunto, porque a lo mejor lo confundieron con una mujer”.
Ésta no es una ocurrencia aislada: los prejuicios en la atención médica son una faceta cotidiana de la LGBTI-fobia en México. En la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género (ENDOSIG) 2018, 15% de las personas señaló que había enfrentado discriminación por ser quien era en los servicios de salud. La tasa era particularmente alta entre personas trans: en esos casos, 28% de las mujeres, 32% de los hombres y 24% de quienes tenían otra identidad de género no normativa manifestaron dicha situación.
Las manifestaciones de esta discriminación son variadas. Casi 40% de quienes respondieron la ENDOSIG, por ejemplo, declaró que en alguna ocasión no le habían dado un tratamiento o servicio médico adecuado, y una de cada tres personas dijo haber recibido maltrato o humillaciones en los servicios de salud. Mientras tanto, a 15% le recomendaron en algún punto una “cura” para su orientación sexual o identidad de género, y a seis de cada diez hombres gay les impidieron donar sangre. A esto se unen las experiencias de las personas intersex, muchas de las cuales enfrentan desde que nacen cirugías no consentidas, innecesarias y sin información, así como burlas, agresiones e incluso amenazas.
No sorprende que la mitad de las personas LGBTI en la ENDOSIG dijera haber tenido que ocultar su orientación sexual o identidad de género para atender su salud. Si los prejuicios LGBTI-fóbicos afectan incluso la atención de quienes no son LGBTI (como José Eduardo), ¿qué puede esperar una mujer lesbiana, un hombre bisexual, o una persona trans o no binaria?
Este caso ha motivado a diversas autoridades, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Yucatán y el Conapred, a reiterar su llamado a una atención médica igualitaria y ofrecer incluso asistencia técnica al respecto. Sin embargo, no hay que olvidar que las propias autoridades de salud emitieron en 2017 un “Protocolo para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica de las Personas LGBTI”, que trabajaron con el Conapred y numerosas organizaciones civiles. Todas las acciones de ese documento, que incluye guías específicas para la atención de cada expresión de la diversidad sexual y de género, son de observancia general —es decir, son obligatorias para todos los hospitales, clínicas y demás establecimientos del Sistema Nacional de Salud.
Así pues, ésta es una oportunidad para fortalecer la exigencia de que todas las autoridades sanitarias (no sólo las federales, sino también las estatales) impulsen y cumplan con el seguimiento a dicho Protocolo. Se trata de un imperativo legal definido en el primer artículo de nuestra constitución, que prohíbe todo tipo de discriminación, y obliga a todas las instituciones del país a garantizar los derechos humanos en el ámbito que les corresponde.
 | Roberto Zedillo Ortega (@soykul) es especialista en igualdad y no discriminación. Cuenta con una licenciatura en ciencia política y relaciones internacionales por el CIDE, así como con una maestría en sociología por la Universidad de Cambridge. Ha asesorado la conformación de esfuerzos para la inclusión en instituciones como el Conapred y CulturaUNAM. Tiene experiencia en consultoría, investigación y docencia, así como varios libros, artículos y textos de difusión acerca de la discriminación. Su publicación más reciente es el informe Cohesión social: hacia una política pública de integración de personas en situación de movilidad en México (CIDE, 2020), que coordinó con Alexandra Haas y Elena Sánchez-Montijano. Escribe en Anodis cada semana. |
