Por Roberto Zedillo Ortega (@soykul)
Hace unos días, Amaro Bautista compartió en redes sociales un acto de presunta extorsión por parte de la policía capitalina. En una serie de tuits, señaló haberse besado con un hombre en un parque de la colonia Roma, tras lo cual un par de elementos que “llevaban un rato siguiéndonos en su patrulla, como si estuviéramos haciendo algo malo” les persiguieron, consideraron “sembrarles” droga, y se conformaron finalmente con unos lentes y dinero, además de una serie de comentarios estigmatizantes.
Más allá del caso concreto, esta clase de situaciones no es excepcional; por el contrario, las personas LGBTI reportan frecuentemente actos de presunta discriminación o violencia que involucran a los cuerpos de seguridad. Ello sucede de manera reiterada en diversas partes del territorio nacional.
A manera de ejemplo, sirvan los datos de la Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación Sexual e Identidad de Género 2018 elaborada por el Conapred y la CNDH. Entre las personas LGBTI que participaron, una de cada cinco (22%) reportó que había enfrentado interrogatorios de la policía sin un motivo aparente. De hecho, 15% señaló que había vivido una detención policíaca sólo por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, y un porcentaje similar señaló haber recibido agresiones físicas o verbales de estas autoridades únicamente por ser quien es. Incluso, a 8% lo habían subido a una patrulla aunque no hubiera justificación.
Por supuesto, estas prácticas no afectan a todas las personas LGBTI por igual. En todos los casos, quienes reportaron una mayor tasa de ocurrencia fueron las mujeres trans, seguidas de manera cercana por los hombres gay y las personas no binarias o con otras identidades de género no normativas. Así, por ejemplo, 35% de las mujeres trans dijeron haber sido interrogadas arbitrariamente, 29% haber sido detenidas sin razón, 27% haber recibido agresiones físicas o verbales, y 17% que las habían subido a una patrulla solo por ser mujeres trans.
En varios casos de esta índole, la LGBTI-fobia se conjunta con la persecución a ocupaciones como el trabajo sexual. Un diagnóstico de la organización Almas Cautivas señala que precisamente las mujeres trans que ejercen este trabajo “han estado expuestas a las detenciones policiacas arbitrarias y a la persecución sanitaria, muchas veces fundamentadas en una especie de control sanitario por VIH”. Sin embargo, el mismo documento advierte que —especialmente fuera del Valle de México— persisten altas tasas de detención con base en la mera expresión de género: “las detienen arbitrariamente con la justificación de que estar maquilladas es una falta a la moral”.
Estas prácticas policiales preocupan no solamente por ser violatorias de derechos humanos: también porque abren la puerta a otras vulneraciones, como la violencia física y sexual, la posible desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la tortura. Un caso ejemplar es el que conmocionó al país hace menos de un año, cuando José Eduardo Ravelo fue detenido por la policía de Mérida y recibió agresiones tales que, unos días después, falleció en un Hospital General. A los pocos meses, la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, concluiría controversialmente que no hubo “violación a los derechos humanos o comisión de algún delito” por parte de las autoridades.
Lo anterior demuestra la importancia de asegurar que las fuerzas de seguridad actúen en un marco de derechos humanos. Existen ya algunos antecedentes, como el Protocolo de actuación de la Policía Federal para los casos que involucren a personas LGBTI y su equivalente en la CDMX, ambos publicados a finales del sexenio anterior. Sin embargo, la implementación obligatoria de esta clase de herramientas debe ser prioritaria si realmente se quiere construir una “Ciudad de derechos” y un México donde, como indica el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024, “no se deje a nadie atrás, no se deje a nadie fuera”.
Sobre Roberto Zedillo Ortega (@soykul)
Es especialista en diversidad, igualdad y no discriminación. Ha asesorado diversos esfuerzos para la inclusión en instituciones públicas, y tiene experiencia en consultoría privada, investigación y docencia. Cuenta con una licenciatura en ciencia política y relaciones internacionales por el CIDE, así como con una maestría en sociología por la Universidad de Cambridge. Ha publicado varios libros, artículos y textos de difusión acerca de la discriminación. Su obra más reciente es el informe Cohesión social: hacia una política pública de integración de personas en situación de movilidad en México (CIDE, 2020), que coordinó con Alexandra Haas Paciuc y Elena Sánchez-Montijano.
