Por Jorge Saavedra
Recientemente, el Congreso de Guatemala aprobó la iniciativa de ley 5272, la cual eleva a 10 años la prisión para las mujeres que aborten, y además incluyó la prohibición expresa de los matrimonios entre personas del mismo sexo, así como el abordaje del tema de la diversidad sexual en las escuelas.
La reconocida influencer guatemalteca Gloria Álvarez tuiteó de inmediato: “Guatemala se convierte en el primer país del mundo donde un presidente homosexual, Alejandro Giammattei, está a punto de ‘volver’ a ‘prohibir’ el casamiento entre personas LGBTQ”.
Cuatro horas después, el Presidente de Guatemala tuiteó: “Como representante de la unidad nacional, anuncio que de venir a este despacho la Iniciativa de Ley 5272, será vetada porque viola la Constitución Política de la República y convenciones internacionales de las cuales Guatemala ha sido signataria”.
En el 2012, el Parlamento ruso aprobó una ley que obligó a todas las organizaciones no gubernamentales (ONG), que recibían fondos internacionales, a registrarse como “agentes del extranjero”, es decir, no prohibía que ONG pudiesen recibir recursos de otros países, pero al momento de ser puestos en la categoría de “agentes del extranjero”, les limitaba lo que podrían hacer dentro de Rusia.
Al año siguiente, el mismo Parlamento aprobó una segunda ley destinada a “evitar la propaganda gay”, que, entre otras cosas prohíbe ondear la bandera arcoíris gay en público. En ambos casos Vladimir Putin las firmó y las puso en efecto.
En el 2020, el régimen de Daniel Ortega, en Nicaragua, también aprobó una ley que obliga a ONG que reciben fondos del exterior a registrarse como agentes extranjeros. Otros países que han aprobado leyes similares son la Hungría del ultra-derechista Víctor Orban, en Israel fue promovida por el controversial Netanyahu, en El Salvador por el aspirante a mesías Bukele, y por supuesto en Venezuela por Maduro. Australia intentó hacer lo mismo, pero ante la presión de sociedad civil y universidades, la modificaron y prácticamente la hicieron inocua.
La idea en todos estos casos ha sido limitar las críticas al gobierno en turno, sin embargo, algunos países han tratado de justificarse respaldándose en una ley estadounidense, la Foreign Agents Registration Act (FARA), aprobada en 1938 pero con un objetivo muy diferente, que fue para contrarrestar la propaganda nazi dentro de Estados Unidos.
En México, existen legisladores(as) que, inspirados por los dichos de AMLO en las mañaneras, tratan de llevar a la tribuna iniciativas para quedar bien con el Presidente, por supuesto escucharon las quejas del Presidente de lo que él interpreta son ONG que “reciben recursos del extranjero para oponerse a la 4T”.
En esta ocasión es la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, quien ha presentado una iniciativa de reforma al artículo 82 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con la cual, las ONG mexicanas que reciben recursos internacionales no solo lo deberán notificar al SAT, lo cual sería lógico y además ya lo hacen, sino también lo deberán notificar a la Secretaría de Gobernación.
Otra parte de la iniciativa de Celeste Ascencio estipula que las ONG mexicanas que reciban recursos directos o indirectos del extranjero ya no podrán realizar actividades destinadas a influir en la legislación o emprender acciones de litigio estratégico, y que su contravención será causa de revocación para recibir donativos.
Quienes entienden las graves implicaciones de esta iniciativa, que pareciera inspirada en Rusia y Nicaragua, se preguntarán ¿y qué tiene que ver esto con la homofobia? La diputada Celeste Ascencia es presidenta de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados, aunque está en su segundo periodo como diputada, en el 2018 fue incluida en la lista de Morena como parte de la cuota de candidaturas a la diversidad sexual a la cual la ley electoral obliga.
Al principio a muchos nos pareció extraño que habiendo tantos activistas LGBT de reconocida trayectoria nacional que son fundadores de Morena, se hubiese seleccionado a una prácticamente desconocida mujer lesbiana de un pequeño poblado de Michoacán, como la candidata de la diversidad sexual de ese partido, sin embargo, le dimos el beneficio de la duda.
Lo preocupante es que la duda allí sigue, de acuerdo al portal de la Cámara de Diputados, de las 24 iniciativas que se han turnado a la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, solo 3 (12%) han tenido que ver con la diversidad sexual y absolutamente ninguna de ellas ha pasado al pleno.
Muchas de las reformas legales que se han logrado en México en materia de apertura a la diversidad sexual, incluyendo el matrimonio entre personas del mismo sexo, reconocimiento de la identidad de género, hasta la incorporación del lenguaje inclusivo y requisitos para que pueda haber candidatos y candidatas abiertamente gays, lesbianas y/o trans, se lograron gracias al activismo de organizaciones LGBT, muchas de las cuales recibieron, han recibido o reciben apoyos solidarios internacionales, sean de agencias internacionales que promueven los derechos humanos, el VIH, u organizaciones LGBT internacionales.
Dado que la desclosetada que Gloria Álvarez dio al presidente de Guatemala redundó en un resultado positivo; quiero recordarle a Celeste que si la iniciativa que ahora promueve hubiese sido aprobada hace 10 años, ella simplemente no sería diputada y tampoco presidiría una comisión de la diversidad sexual. Si no retira dicha propuesta sería la primera diputada lesbiana que promueve una iniciativa para dañar a personas y activistas LGBT a las que se supone representa en el Congreso.
Parece que se les olvida que los derechos humanos no son mexicanos, son universales, el nacionalismo en derechos humanos es una aberración que no debe existir en un planeta poblado por más de 7 mil millones de seres humanos.
*Director Ejecutivo del Instituto AHF de Salud Pública Global en la Universidad de Miami, Miembro del Consejo Consultivo de la CNDH y miembro de la Red Latinoamericana GayLatino.
