26 DE JULIO DE 2013
Discriminación con los enlaces conyugales en Colima
El Enlace Conyugal en Colima, se convierte en una “ley especial”, para determinadas personas, atentando con ello en contra de su dignidad humana, puesto que se etiquetará y estigmatizará a quienes no sean heterosexuales.

Redacción Anodis

Ragap



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Discriminatorios que atentan contra la dignidad humana

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El pasado 4 de julio del 2013, el Congreso del Estado de Colima, aprobó la reforma al artículo 147 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima, promovida por el PRI, para incluir la figura jurídica de “enlaces conyugales”, a través de la cual se permitirá la unión civil entre personas del mismo sexo.

Sin embargo para que proceda la reforma es necesario que la mayoría de los 10 cabildos de los Ayuntamientos aprueben la misma, para que esta sea valida y pueda promulgarse (publicarse) en el periódico oficial del Estado, con el objeto de que entre en vigor, siendo los municipios de Manzanillo (PAN), Colima, Villa Álvarez, Tecoman, Armaría e Ixtlahuacán (todos PRI), quienes votaron a favor, mientras que los municipios de Cuauhtémoc (PRD), Coquimatlán y Comala (ambos PAN) votaron en contra, por lo que sólo falta el de Minatitlán en emitir su voto, sin embargo este se convierte en irrelevante, puesto que 6 de los 10 cabildos la han aprobado, no obstante ello, es importante mencionar que si bien es cierto tal reforma representa un avance en la protección de los derechos de la comunidad LGBTTTI, al ser el Estado de Colima la tercera entidad federativa que reconoce tales uniones, después de Coahuila (Pacto Civil de Solidaridad) y el Distrito Federal (Matrimonio).

Dicha reforma es discriminatoria y violatoria de derechos humanos establecidos en el artículo 1º, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que queda prohibida toda discriminación motivada por preferencias sexuales que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, por lo que al excluirse a la población LGBTTTI de la figura del matrimonio.

Existe discriminación en contra de este sector de la población originada por su orientación sexual e identidad de género, y se convierte en una “ley especial”, para determinadas personas, atentando con ello en contra de su dignidad humana, puesto que se etiquetará y estigmatizará a quienes no sean heterosexuales, al existir un trato diferenciado en su contra violatorio a los principios de igualdad y no discriminación, razón por la cual los dos diputados del PRD rechazaron esta reforma votando en contra al considerarla discriminatoria, y aunque han declarado públicamente que promoverán una acción de inconstitucionalidad, no deja de ser sólo buenas intenciones, ya que de conformidad con el artículo 105, fracción II, inciso d), Constitucional.

Se requiere el 33% de los integrantes del Congreso para que pueda promoverse, y aunque la Procuraduría General de la República (PGR), podría promover dicho recurso, sería soñar fantasmas que llegará a hacerlo, dado que el PRI no se ha distinguido por su apoyo al colectivo LGBTTTI.

De acuerdo con el inciso g) del precepto constitucional mencionado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), podrán promover esta acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma en cuestión, para que sea resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunado a ello los interesados podrán promover el recurso de “amparo indirecto” en contra de dicha reforma, dentro de los 30 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la ley o dentro de 15 días hábiles contados a partir de que les nieguen contraer matrimonio, ello basado en la resolución de la Corte de 16 de agosto de 2010, al resolver la acción de inconstitucionalidad promovida por el Procurador General de la República en contra de las reformas al Código Civil para el Distrito Federal que regulan el matrimonio entre personas del mismo sexo, en la que se resolvió como valido y el cual de acuerdo al pacto federal debe ser reconocido por el resto de las entidades federativas.

Por: Lic. Miguel Soria.

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