27 DE JULIO DE 2012
 Ombudsgay: activismo estratégico para el cambio social
En México, la población LGBT ha sido un sector de la sociedad históricamente discriminado, por lo que una defensoría de derechos humanos del colectivo LGBT, y un Omho resultan una dupla innovadora para observar las dinámicas del grupo social.
|
|
Es importante capacitar a activistas y organizaciones LGBT
|
El siglo XX asistió a la formulación de demandas sociales vinculadas a las nuevas identidades modernas y posmodernas. En este escenario, el movimiento LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans) obtuvo como logros la globalización de sus demandas y la posibilidad de alcanzar algunos consensos a nivel internacional. La composición plural del movimiento, así como las distintas trayectorias que han recorrido sus demandas alrededor del mundo, hacen de la lucha del colectivo LGBT una apuesta de resistencia política en un contexto de globalización de las identidades.
En México y Latinoamérica, como en la mayor parte del mundo, la población LGBT ha sido un sector de la sociedad históricamente discriminado. Lo anterior puede constatarse en la construcción social de la población LGBT en el imaginario colectivo. También en la complicada y difícil lucha por el reconocimiento de sus derechos humanos por parte del Estado y los diferentes niveles e instancias de gobierno. Si bien no se buscan o requieren derechos especiales para dicho colectivo, sí es indispensable reconocer la vulnerabilidad que padece en distintos ámbitos y niveles, para lo cual se requiere una observación de prácticas sociales, legales e institucionales vigentes en torno suyo.
Dando un vistazo a algunos estudios recientes en la materia, encontramos, por ejemplo, que el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México (2003), coordinado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México (OACNUDH), estima que, en términos generales, entre el 2.5% y 8% de la población tiene una orientación y/o preferencia sexual y/o afectiva distinta de la heterosexual. Sin embargo, la encuesta Mitos y preconcepciones sobre la homosexualidad (2007), de Consulta Mitofsky, arroja el dato de que tan sólo el 9% de las personas encuestadas admitieron tener un familiar homosexual. En el mismo documento, se asienta que el 46% de las personas encuestadas preferiría no conocer a la pareja de un hijo homosexual y que el 47% está en desacuerdo en que los homosexuales “tengan los mismos derechos” que las personas heterosexuales. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación (2005), del Conapred, el 48% de las personas encuestadas no estaría dispuesto a convivir con homosexuales y únicamente el 11% daría oportunidad laboral a gays.
Más allá de intentos por contabilizar una identidad, es digno de destacar la visibilidad pública lograda por este grupo, misma que ha sido utilizada como parte de una estrategia en defensa de derechos y contra la discriminación.
Diversos estudios sobre el tema han permitido identificar variables que dan contenido a la discriminación fáctica y normativa dirigida contra el colectivo LGBT. Así pues, resulta grave comprobar que, en la lógica institucional de nuestro país, todo aquello que no es contemplado por la norma, no existe y, por tanto, exime de cualquier responsabilidad y obligación al Estado. Estas lagunas legales, aparte de dejar en el desamparo a grupos específicos de la población, han dado pie a violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la consiguiente impunidad.
Tanto el Diagnóstico sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, coordinado por la OACNUDH, como el Informe especial sobre violaciones a los derechos humanos por orientación o preferencia sexual y por identidad o expresión de género de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y el Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, han coincidido en señalar que las leyes conservan un lenguaje ambiguo para referirse a conductas que propician la discriminación y violentan a este grupo de población; y de manera muy particular, señalan una violación a la “libertad de expresión de la personalidad”.
Desde el ámbito de la exigibilidad de derechos, el acceso a la justicia para este grupo social resulta doblemente difícil, ya que el marco jurídico presenta múltiples lagunas en términos del propio reconocimiento de la existencia de personas no-heterosexuales. Por no mencionar la persistencia de ciertas figuras jurídicas, tales como las denominadas “faltas a la moral” o las “conductas obscenas”, que permiten encubrir la homofobia y transfobia; además de que en muchas entidades de la República Mexicana la discriminación extrema hacia un miembro del colectivo LGBT por la vía del asesinato no se considera un crimen de odio, sino un delito del orden común.
Entre los derechos humanos que son objeto frecuente de violación en el caso del colectivo LGBT, figuran: “la violación y otras formas de violencia sexual; ejecuciones extrajudiciales; tortura y otras formas de trato cruel, inhumano y/o degradante; abusos médicos; represión del derecho a la libertad de expresión y asociación; discriminación en el derecho al trabajo, salud, educación, vivienda y acceso a la justicia” (Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal, 2008).
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (2001), el 66% de los mexicanos no compartiría su techo con una persona homosexual y el 71% no acepta o apoya la promulgación de derechos específicos. Peor aún, la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia consigna que entre 1995 y 2007 se produjeron 464 crímenes de odio por homofobia y transfobia.
Paralelamente, existe una estigmatización en torno a este sector de la población. Frecuentemente se habla de enfermedades que sólo afectan y se contagian entre la población LGBT, como el VIH/SIDA (alguna vez llamado el “cáncer gay”). De igual forma, se asignan de manera prejuiciosa roles sociales estereotipados a esta población de “estilistas”, “meseros”, “modistos”, “bailarines”, etc. En el fondo, ello oculta conductas discriminatorias que forman parte del acercamiento cotidiano al fenómeno.
Las narrativas sociales alimentan el imaginario de la homosexualidad como culpable, también, de la desintegración familiar, la promiscuidad, la depravación y el deterioro de las sociedades. No obstante, “esta construcción se ve hoy fortalecida por la presencia ubicua de unos medios de comunicación que establecen para cada acontecimiento una sola verdad, un solo ángulo de interpretación, mediante procesos que propician el inmediatismo y la lectura simplista de acontecimientos que requerirían marcos de intelección más profundos y reflexivos.
“Así, mediante este trabajo de reducción y simplificación burda de la realidad social, los grandes medios han terminado por favorecer el endurecimiento del discurso de la discriminación y la exclusión. Con absoluta impunidad, erigen héroes y antihéroes, construyen estigmas sobre ciertos lugares y personas, violan el derecho a la privacidad no sólo de los grandes personajes, sino de todos aquellos que puedan ofrecer como espectáculo un drama ejemplar: así, pierden su condición de seres humanos para convertirse en la evidencia contundente e irrefutable del mal que anida en ciertos estratos sociales” (Reguillo, Rossana, “Un malestar invisible: derechos humanos y comunicación”).
La violencias simbólica y estructural, acompañada de la violencia física a la que están expuestos los miembros de la población LGBT, ha dado lugar a un movimiento social de reivindicación de derechos que cuenta con avances, pero también exhibe numerosos déficits.
Más allá, la voluntad política de la sociedad y el gobierno varía de acuerdo con las demandas de los actores. Por otra parte, las instancias encargadas de impartir justicia no investigan de manera especializada y suficiente los asesinatos contra las personas parte de este colectivo y no incorporan, como agravante del delito, el odio hacia este grupo de población.
Mención aparte merece la problemática de la población LGBTI que se encuentra en reclusión, especialmente expuesta a sufrir violencia y explotación, ya que se le se niegan, por ejemplo, las visitas conyugales. En tanto, a las personas pertenecientes al sector trans, generalmente no se les asigna a cárceles femeninas o masculinas, de acuerdo con su propia identidad de género, propiciando con estas prácticas discriminatorias que sean víctimas de vejaciones y malos tratos.
Otros ámbitos en donde es factible observar prácticas discriminatorias son el laboral (mediante despidos injustificados por “conductas obscenas”), el deportivo, el de acceso a la salud y a los lugares de esparcimiento, entre otros.
Una constante ha sido la falta de información estadística y cuantitativa sobre la afectación que las agresiones y crímenes de odio representan no sólo para estas personas, sino para el estado de nuestra democracia en general. A través de los medios masivos de comunicación, conocemos todos los días sobre asesinatos motivados por el odio irracional hacia las identidades sexuales no convencionales. Pero en lugar de mirar una persona como una red compleja de relaciones personales, sociales y laborales, lo que automáticamente observamos es un estereotipo que identificamos con la disidencia y con una posición periférica que sería el resultado de una elección por cuyas consecuencias negativas nadie más que esta persona tendría que hacerse cargo. Es por eso que, además de protocolos éticos y armónicos con los más altos estándares internacionales para el tratamiento de los crímenes de odio, necesitamos instrumentos para cuantificar las agresiones que cotidianamente empobrecen la calidad de vida de la población LGBT, para observarlas como algo diferente de un estereotipo históricamente construido. No obstante, el propósito de esta medición sería también conocer los contornos precisos de un fenómeno –la homofobia– que parece inasimilable, lo que provoca que en la actualidad las acciones públicas para desalentarla y combatirla aparezcan como tibias e insuficientes.
La falta de diagnósticos precisos sobre la magnitud de la homofobia impide el desarrollo de protocolos de actuación que, desde el sistema de justicia y el conjunto de las instituciones, permitan el combate a la impunidad que la rodea. La percepción parcial del fenómeno reduce la homofobia a los asesinatos, pasando por alto las agresiones y violaciones de derechos del colectivo LGBT que ocurren de manera regular, tales como la negación, cancelación o prestación deficientes de un servicio, los mensajes homofóbicos y de incitación al odio y la violencia por parte de los medios de comunicación, así como la expulsión del empleo, el hogar o la comunidad.
Los organismos intergubernamentales se han pronunciado específicamente sobre los derechos del colectivo LGBT, con base en el derecho internacional de los derechos humanos. Al respecto, existen las declaraciones sobre orientación sexual e identidad de género emitidas tanto por la Organización de las Naciones Unidas, como por la Organización de Estados Americanos. Mención especial, dado el nivel de complejidad y exigibilidad de derechos que implica, merecen los Principios sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género o Principios de Yogyakarta, los cuales son producto del trabajo de una multiplicidad de especialistas y organizaciones internacionales. En este sentido, es esencial la armonización del derecho interno con el marco internacional de los Derechos Humanos suscrito por el Estado mexicano, a fin de que la sociedad mexicana en general –y el colectivo LGBTI, en particular– pueda gozar y realizar sus Derechos Humanos plenamente, con base en los más altos estándares de protección.
No obstante lo anterior, en el plano local se han mostrado algunos avances para reconocer y garantizar los derechos humanos del colectivo LGBT. En 2008, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reformó el Código Civil local para facilitar la adecuación de los documentos de identidad de las personas trans a su realidad social; y más recientemente, legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin embargo, otras iniciativas siguen en espera de ser aprobadas, tal como la propuesta de Ley Federal para la No Discriminación de los Derechos Humanos y Civiles de las personas Transgénero y Transexuales, detenida en gran parte por la discriminación estructural persistente hacia este sector por parte de la sociedad mexicana en general y por la clase política en particular. Así pues, aún estamos lejos de incorporar la totalidad de los estándares internacionales en la materia a nuestra legislación.
Los avances del movimiento son un lugar privilegiado para exponer demandas, agendas ciudadanas y legislativas, exigir derechos, y corresponsabilizarse de vigilar su cumplimiento. Ello, en primer lugar, por la relevancia pública de los temas y, en segundo lugar, por la experiencia que se aporta a la participación de la sociedad civil en la construcción de mecanismos democráticos, consolidación de agendas sociales y ciudadanía.
Si casi todo está por construirse para la protección de los derechos del colectivo LGBTI, ¿cuáles serían las acciones prioritarias para el combate de la homofobia y la impunidad que se le relaciona? En primer lugar, como ya anotamos, debe apoyarse la creación del Observatorio Mexicano de la Homofobia (Omho) que sea capaz de visibilizar, documentar y dar seguimiento a casos de discriminación, así como conformar estrategias públicas para dar a conocer los hechos, las causas y las acciones colectivas relacionadas. Aunado a esto, es importante desarrollar capacidades entre los activistas y las organizaciones que promueven los derechos del colectivo LGBT, que los sitúen no sólo en una línea de argumentación emotiva y generadora de indignación, sino que les permita incidir desde una posición mucho más fortalecida y estructural. En tercera instancia, es necesario desarrollar campañas y programas institucionales diferenciados que coloquen el combate a la impunidad en los espacios fundamentales de la vida social, tales como el laboral, de salud, educativo y de acceso a la justicia. A continuación, sería fundamental desarrollar buenas prácticas para empresas, instituciones públicas y partidos políticos, de tal forma que se hagan cargo de su responsabilidad como promotoras de impunidad y asuman también la tarea de integrar una visión incluyente y coherente con el paradigma de los derechos humanos. Por supuesto, no menos importante en esta ruta es la revisión de planes y programas institucionales, con especial atención a los del ámbito educativo y de la salud, para desterrar prácticas homofóbicas normalizadas y esa visión punitiva de las conductas, prácticas e identidades no heterosexuales.
Una defensoría de derechos humanos del colectivo LGBT, y un Omho resultan una dupla innovadora para observar las dinámicas del grupo social en cuestión y establecer nuevas formas de relación entre éste y la sociedad en general. Es imperante en nuestros tiempos transitar a un estadio de respeto absoluto de los derechos del colectivo LGBT, y ello implica observar los fenómenos que giran en torno suyo para proponer mejores términos de relación dentro y fuera de ésta.
Un Ombudsgay encarna el puente entre el activismo y la ciudadanía que pertenece al movimiento LGBTI e incorpora una perspectiva inédita entre lo público y lo privado, entre la vida cotidiana y la vida política. Representa una esfera que dialoga con la cultura, con los medios de comunicación, con los actores políticos, con la iniciativa privada, sin aristas, sin medias tintas. Es la incorporación de los no-espacios en la estructura social de la agenda LGBT.
Así pues, el Ombudsgay, auxiliado por el Omho, pretende constituirse en un liderazgo representativo, capaz de aglutinar y promover los derechos de las personas con orientación sexual diferente de la heterosexual y de aquellas cuya expresión o identidad de género es distinta a las normas y los estereotipos sociales; así como de quienes, por temor a la exclusión social, no han reconocido abiertamente su preferencia sexual diversa, o su identidad de género distinta a lo socialmente esperado. Del mismo modo, buscan debatir desde una esfera más plural los elementos de la vida cotidiana de este grupo social que se ven afectados por prácticas homofóbicas o transfóbicas, discriminatorias y atentatorias de los derechos humanos.
No deja de llamar la atención la multiplicidad de enfoques en el acercamiento a la problemática en la política pública por diversos medios, institucionales y no institucionales. Desde la sociedad civil, la academia y el gobierno se han intentado soluciones para las demandas de este sector, con distintas perspectivas. Muchas de ellas han recuperado el imaginario del movimiento LGBT, que cuenta con una amplia trayectoria histórica. La propia dinámica del movimiento ha dado lugar también al establecimiento de prácticas exitosas, como los colectivos por demandas, los cuales sin duda han impulsado la defensa de los derechos humanos de esta población y la política pública con esta perspectiva.
En el acercamiento práctico a la problemática abordada, hemos constatado la dificultad en la comprensión pública del acrónimo LGBT. Así, en la búsqueda de definiciones, a riesgo de parecer excluyentes del resto de las identidades contenidas en el sector de la población referido, sólo se incluye la palabra gay en cierta parte de la denominación del presente proyecto, debido a que dicho término resulta en la actualidad el más difundido e identificado socialmente para designar una conducta sexual y afectiva diferente de la heterosexual –lo cual no significa que las propuestas y posturas de los otros grupos nos pasen inadvertidas, sobre todo en el contexto político.
Ante lo heterogéneo del movimiento LGBT, el espacio de interacción e incidencia de los distintos actores ha dado lugar a propuestas novedosas que permiten abordar el fenómeno bajo una lógica distinta. En esta lógica se inscribe el presente proyecto.
Por Alejandro Juárez Zepeda
Director ejecutivo de Ombudsgay |
Regresar a la página
anterior
P u b l i c i d a d
846
|
Anodis RSS
