11 DE AGOSTO DE 2010
Matrimonio gay y adopción: ¿qué sigue?
La SCJN no debe determinar la validez de estudios científicos presentados por terceros, sino ser garantes de la Constitución y asegurar el imperio de los derechos humanos en México.

Redacción Anodis

Ragap



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La SCJN se encuentra discutiendo la adopción

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se encuentra en plena discusión del proyecto de sentencia preparado por la ponencia del ministro Sergio Valls, que declara infundada la acción de inconstitucionalidad 2/2010, presentada por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de las reformas al Código Civil del Distrito Federal que extienden el derecho al matrimonio, con todos sus efectos –incluida la adopción de niños y niñas–, a las parejas conformadas por personas del mismo sexo.

En la sesión correspondiente al jueves 5 de agosto, quedó aprobado por 8 votos a favor el matrimonio universal en el Distrito Federal como una cuestión de derechos fundamentales, pero será esta semana cuando se debata lo correspondiente al tema de la adopción de niños y niñas por parte de matrimonios homosexuales.

Dicho debate correrá por distintas vías. Una de ellas frenó el sentido original del proyecto del ministro Valls, que proponía obviar la discusión sobre adopción en virtud de que la reforma no había tocado el artículo relativo. Así pues, varios ministros combatieron esta postura al alegar la existencia de un nuevo acto jurídico impugnable pues, en su opinión, la nueva publicación del artículo 391 (sobre adopción), lo creaba.

En el mismo sentido, varios de los ministros presumieron la existencia de un sistema normativo o nexo causal entre los artículos 146 (matrimonio) y 391 (adopción). Esto quiere decir que la reforma del primero genera efectos jurídicos sobre el segundo, alterando sus alcances.

Por su parte, el ministro Salvador Aguirre desestimó los estudios científicos solicitados por la ponencia de Sergio Valls a investigadores y académicos de la UNAM, que dan cuenta sobre el impacto que tiene la crianza de niños y niñas por personas homosexuales, y pidió, en cambio, la presentación de estudios “serios”.

Previamente, el programa Ombudsgay de i(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C. sometió a consideración de la SCJN una opinión técnica o amicus curiae, que evidenciaba el estado del arte respecto a estos temas y recogía de forma científica lo más acabado en materia de derecho internacional y comparado, con relación al matrimonio gay y la adopción.

El documento aborda, entre otros, los siguientes aspectos: concepto del matrimonio y su evolución; el matrimonio como medio para dar publicidad a las relaciones afectivas de todo individuo; igualdad de derechos y no discriminación; exigencias derivadas del modelo de democracia constitucional; efectos del matrimonio entre personas del mismo sexo en el federalismo; homoparentalidad o repensar la familia; interés superior de la infancia: significado y alcances; jurisprudencia nacional e internacional aplicable; y, estudios sobre los efectos de la homoparentalidad en menores bajo esta crianza.

Dicho documento es producto de la colaboración entre un equipo multidisciplinario de expertas y expertos, así como del Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Fundar Centro de Análisis e Investigación y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (y puede ser descargado desde www.idheas.org).

En virtud de lo anterior, consideramos oportuno e importante hacer las siguientes consideraciones:

No es atribución de la SCJN determinar la validez de estudios científicos (sociológicos, filosóficos, antropológicos, psiquiátricos, piscológicos, médicos, biológicos o geométricos) presentados por terceros, sino ser garantes de la Constitución y asegurar el imperio de los derechos humanos en México.

Sin embargo, numerosos estudios científicos (varios de ellos citados en nuestro amicus curiae) señalan que los niños que crecen en familias homoparentales se desarrollan de forma semejante a como lo hacen los que se desenvuelven en las familias tradicionales. Del mismo modo, como ha señalado a la SCJN el Instituto Mexicano de Psicoanálisis: “no hay evidencia científica empírica que indique que las parejas del mismo sexo no sean aptas para la crianza de un niño o niña”.

En el caso de la adopción de niños y niñas por parejas del mismo sexo, lo que debe quedar garantizado, de acuerdo con el principio del interés superior de la infancia, es que los homosexuales que deseen adoptar acrediten todos los requisitos del caso (es decir, su idoneidad como adoptantes), en igualdad de circunstancias con respecto a los heterosexuales, pero nada más. Lo anterior tiene que ver con tener “medios bastantes para proveer la subsistencia, la educación y el cuidado de la persona que trate de adoptarse” y otras capacidades que se consideran a la hora de dar a un niño o niña en adopción. Pero hacer una diferenciación con base en las preferencias contraviene lo dispuesto por el artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución y vulnera los principios de igualdad y no discriminación.

En 1974 se elimina a la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales y se establece como una orientación sexual ordinaria. Los homosexuales también son personas y tienen derecho a ser padres y madres. Como apunta el sociólogo Óscar Guasch: “considerar peligroso que los homosexuales críen niños porque éstos, a su vez, puedan hacerse homosexuales, implica que la homosexualidad es algo malo o pernicioso”.

Las familias homoparentales han existido siempre en la invisibilidad y la marginación. No obstante, es deber del Estado brindar protección a todos los modelos familiares sin discriminación, independientemente de la orientación sexual de sus miembros. Resulta fundamental, igualmente, asegurar el derecho de los niños y niñas a un hogar en donde puedan desarrollarse plenamente. En lugar de poner trabas a las familias diversas, el Estado debe diseñar e implementar políticas públicas que aseguren la integración y el desarrollo de los niños y niñas criados bajo los distintos esquemas familiares.

La acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR en contra del matrimonio gay y la adopción de niñas y niños por parejas homosexuales es un recurso discriminatorio que pudiera, en otro nivel, cobrar efectos positivos, ya que resulta urgente generar en México un debate amplio sobre la necesidad de construir una sociedad libre de toda discriminación.

La SCJN no debe permitir, bajo ningún concepto, la incorporación de prejuicios en el sistema normativo mexicano. En cambio, la sociedad en su conjunto puede aprovechar esta coyuntura para incorporar en su vida cotidiana prácticas que favorezcan la convivencia sobre la base de la igualdad, el respeto y la celebración de la diversidad.

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DAVID
4 de octubre de 2011


¿Se necesita un estudio para algo tan obvio? ¿No existe NADA para demostrar que no es sana esa práctica? Pero mas valen las ganancias moentarias.

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ALBERTO CALVO
17 de agosto de 2010


JAJAJAJAJA GENERO NUEVO ? ESTUDIA UN POCO IGNORANTE !

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STAR
11 de agosto de 2010


Los homosexuales no son un género nuevo, no hay libertad sana, ni derecho en un ejercicio responsable ni mucho menos jurídico en desviaciones afectivas y, ¿un Ministro de la SCJN le va a otorgar la oportunidad a la niñez para que sean "educados" en la misma incongruencia de desviación... se llama perversión ¿no?

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