13 DE NOVIEMBRE DE 2007
Sociedades de Convivencia, a un año del gran logro LGBT
Con opiniones a favor y en contra, esta ley, que otorga derechos y obligaciones a parejas del mismo sexo, ya se aplica en el Distrito Federal. Aunque a un año de distancia, la polémica no deja de ser fuerte en torno a esta legislación.

Adelaido Martínez Huitrón

El pasado 9 de noviembre se cumplió un año de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la Ley de Sociedades de Convivencia. Desde esta fecha, hasta el día de hoy, muchas cosas han cambiado, entre ellas, la visión de los ciudadanos hacia los derechos de la comunidad LGBT. Alabada por unos, y criticada por otros tantos, esta ley ahora se encuentra vigente y disponible para todo aquel que quiera beneficiarse de ella, pues no sólo favorece a personas de la Diversidad Sexual; aunque sin duda alguna son éstas las más aventajadas. Todo comenzó gracias a una propuesta legislativa de la entonces diputada federal Enoé Uranga, en el 2001, sin embargo, en ese entonces no contó con el apoyo suficiente. Incluso, el propio PRD se manifestó en contra. Con el correr de los meses que se intentó discutir, el resultado no cambió. Incluso, desde el 2003 la ley estuvo en “la congeladora”. Fue el 26 de octubre del 2006, cuando la Coalición Parlamentaria Socialdemócrata, conformada por los diputados Jorge Carlos Díaz Cuervo y Enrique Pérez Correa, del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina (PASC), Ricardo García del Partido del Trabajo (PT) y Alejandro Ramírez de Convergencia por la Democracia, presentaron la iniciativa de discusión para aprobar esta ley. De inmediato contaron con toda la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en particular de su coordinador parlamentario, Víctor Hugo Círigo. Al día de la votación, se anexaron a los legisladores que apoyaron la iniciativa los diputados de Nueva Alianza Rebeca Parada y Xiuh Guillermo Tenorio, así como la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) No obstante, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) se opuso, manifestando que la iniciativa presentada contenía inconsistencias jurídicas que impedían su aprobación e incluso su aplicación. Esta postura la mantuvo hasta la sesión final, a pesar de que se dejó claro desde el principio que en ningún momento se intentaba equipara a la nueva figura jurídica con el matrimonio, y que no se concedería la adopción. En cambio, esta ley permite derechos y obligaciones de manera equitativa en cuanto a manutención y salvaguarda de patrimonio se refiere. La sesión de aprobación se dio el 9 de noviembre de 2006, cuando después de cinco horas de discusión, de argumentaciones a favor y en contra, se llegó a la decisión final. Con 43 votos a favor, 17 en contra y cinco abstenciones, la Ley de Sociedades de Convivencia para el Distrito Federal, fue aprobada. Las manifestaciones eran encontradas, los que apoyaron la ley, de júbilo; los que la rechazaban, de tristeza. En contraste, mientras funcionarios como Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), apoyó desde siempre esta iniciativa, e incluso urgió la necesidad de hacer algo similar a nivel federal; la Iglesia Católica, que suele rechazar estas cuestiones bajo el argumento de ir “en contra de la naturaleza”, obviamente lo hizo, particularmente el arzobispo Primado de México, Norberto Rivera Carrera: “Palo dado, ni Dios lo quita”. A los pocos días, concretamente el 16 de noviembre, por decreto del entonces jefe de gobierno, Alejandro Encinas, se publicó la ley en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y el 5 de marzo, sus lineamientos, en donde se contenían cuáles son los requisitos y la tramitología que se debe seguir para suscribir una sociedad de convivencia. El 16 de marzo de este año, entró en vigor la ley en todo el Distrito Federal. Una de las uniones que se concretaron ese día (y que sin duda fue la más mediatizada) fue la del reconocido periodista Antonio Medina y su pareja Jorge Cerpa, que tuvo como lugar la delegación Iztapalapa. De acuerdo con los promotores de la ley. Esta demarcación ha sido una de las más accesibles en cuanto a la aplicación de la misma. Varios de los activistas por los derechos del colectivo LGBT se han unido bajo esta legislación, aplicando aquello de que “el buen juez por su casa empieza”; ejemplos los encontramos en Tito Vasconcelos y David Rangel, ambos propietarios del Corprorativo Cabaré-Tito, quienes firmaron su sociedad en Cuauhtémoc en mayo, así como las actrices y activistas Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe, quienes lo hicieron en Coyoacán en agosto pasado. Incluso, también se unió en sociedad de convivencia el célebre escritor teatral Emilio Carballido, quien lo hizo también en marzo, en la delegación Benito Juárez. Incluso, la ley rebasó la realidad para entrar en la ficción, pues fue en la telenovela de Televisa Amar sin límites, donde dos de los personajes centrales de la historia firmaron su sociedad de convivencia. La única diferencia con las uniones que se dieron en “la vida real” fue que aquí no hubo beso, sólo un abrazo de duración no muy larga. Algunos datos sobre esta ley: De acuerdo con Víctor Hugo Círigo, a la fecha, 222 parejas han suscrito una sociedad de convivencia en el Distrito Federal. 96% de las parejas que así lo han hecho, están conformadas por personas del mismo sexo, aunque, como ya se ha visto, no son las únicas beneficiarias. 27 solicitudes han sido rechazadas por diversas faltas, entre ellas, sostener una relación de concubinato con otra persona La mayoría de las solicitudes se han presentado en la delegación Cuauhtémoc, que curiosamente fue una de las más renuentes a aceptar recibir capacitación y sensibilización a su personal sobre esta ley. De ahí le siguen Iztapalapa, Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo. La única delegación que no ha suscrito sociedades de convivencia hasta el momento es Milpa Alta. Solamente se ha dado una disolución de sociedad de convivencia y fue el pasado 9 de mayo en la delegación Venustiano Carranza. Los involucrados fueron Rafael Ramírez y Lope Alejandro Díaz, quienes curiosamente fueron los primeros en ejercer este derecho. Suscribir una sociedad de convivencia tiene un costo de 42 pesos; disolverla cuesta mil 447 pesos. Estados como Veracruz, Puebla, Morelos, San Luis Potosí, Chihuahua, Guerrero, Michoacán y Zacatecas han presentado iniciativas similares a esta figura jurídica, pero no en todas ha prosperado e incluso en algunas de estas entidades la iniciativa fue completamente congelada. Un caso particular es el de Coahuila, que poco tiempo después aprobó el Pacto Civil de Solidaridad, una figura jurídica similar a Sociedades de Convivencia que estuvo bastante apoyada por el congreso e incluso por el gobernador de ese estado, Humberto Moreira. En cambio, en Querétaro se creó una comisión que “impedirá” la presentación de las mismas. Otras entidades que no apoyan esta iniciativa son Colima y Jalisco, particularmente ésta última, donde su gobernador, Emilio González Márquez ha hecho incluso declaraciones homofóbicas. Aún así, la Ley de Sociedades de Convivencia y el Pacto Civil de Solidaridad se siguen aplicando. Aún faltan cosas por hacer, por lo pronto, este fue el primer paso para que la lucha por los derechos de las personas LGBT en México. Y la lucha continúa, puesto que se buscan otras cosas de importancia para el colectivo, como la seguridad social.

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