Por Fabiola Díaz de León
A veces a la diversidad sexual le toca ser la punta de lanza de cambios sociales que no sólo nos competen como comunidad sexo o género divergente sino ser voceros de lo que nos afecta a todos como ciudadanxs.
No somos personas disociadas de nuestros núcleos sociales, tenemos familias, amigos, parejas, conocidos, colegas… si alguien dentro de estos núcleos (incluyéndonos) enferma de cáncer, VIH, hepatitis C, dolencias del sistema inmune, Lupus, VPH, o cualquier enfermedad que requiere de gastos médicos mayores que amenazan la economía de los involucrados, conforme al derecho a la salud consagrado desde 1983 en la Constitución, la Ley General de Salud cuenta con un fondo de miles de millones para que los gastos que se generen por la atención de tales padecimientos corran por cuenta de esos fondos y no de las personas y sus familias. Este es el Fondo de gastos catastróficos, ahora llamado Fondo de Salud para el Bienestar desde la reforma del 29 de noviembre del 2019, que está diseñado para hacer frente a los costos de los servicios de salud para no acabar con la economía de nuestros círculos de apoyo. Para que la gente no tenga que empeñar su patrimonio, perder su casa, arrasar con sus ahorros o fondos de retiro.
Dentro de éste rubro está garantizar a partir de 2022 la compra de medicamentos e insumos para la población que vive con VIH, ya que un enfermo puede llegar a gastar $20,000.00 o más en un esquema mensual de su medicamento antiretroviral. Un medicamento para el cáncer puede costar mucho más al mes, (los hay del orden de los $100,000 pesos) más las quimioterapias, radioterapias, consultas especializadas, estudios de imagenología, análisis, etc. El Estado debe y ha estado preparado para enfrentar dichos costos y surtir dichos servicios y fármacos hasta la aprobación, a fines del mes pasado,de la Reforma a la Ley de Salud que dispone de 33 mil millones de esos fondos y los pone a devuelve a las arcas de la Secretaría de Hacienda, para otros fines con motivo de la Pandemia.
El activista titular de VIHve Libre, Alaín Pinzón, hizo una movilización al Senado donde hubo enfrentamientos para darles el acceso y dialogar con representantes que pudieran llegar a acuerdos donde el suministro de servicios y medicamentos para las poblaciones diversas que viven con VIH sean atendidas. Raúl Albores, director del Programa sexualidad, salud y VIH de la CNDH, gestionó para que se diera una reunión de la que hicieron pública la minuta por redes que se firma por Pinzón, el propio Albores de la CNDH, y el Senador Miguel Ángel Navarro, Presidente de la Comisión de Salud.
Cabe recalcar que el Decreto que Reforma la Ley de Salud fue firmado durante la primera semana de noviembre y publicado en el DOF. Raúl Albores tendría que haber hecho la propuesta a la Presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, de meter una acción de inconstitucionalidad fundamentado en el Art. 105 de la Carta Magna para lo que solo tiene 30 días hábiles a partir de su publicación, de tal suerte que amerite que la SCJN revierta dicha Reforma que deja en el desamparo a todos los mexicanos. Hacer acuerdos de cómo va a recibir medicamentos para personas con VIH es una visión muy corta de parte de la sociedad civil involucrada en los acuerdos, del Senador que preside la Comisión de Salud y del mismo Raúl Albores, pues ya no hay garantía de esos fondos, ni sustentabilidad financiera para ello. No afecta solo a los portadores del virus mencionado sino a todos los enfermos terminales del país y a aquellos que estén con padecimientos degenerativos por edad, vulnerabilidad, predisposiciones congénitas, accidentes o contagios. Una reforma regresiva a los derechos humanos.
La Pandemia es una prioridad sin duda, pero no elimina al resto de los enfermos mexicanos.
Ya que fue Raúl Albores el que atendió la punta de iceberg de la reforma a los gastos catastróficos debería tener la visión y conocimiento de la función que juega y compete a la CNDH en un asunto que no solo concierne al programa que lleva. Su visión es corta, miope y omisa, sea por ignorancia o desconocimiento, tenemos un encargado en el Programa de VIH que no está viendo el alcance y magnitud de dicho decreto que debe ser anulado a la brevedad y que ya vamos tarde para hacerlo.
Por medio de esta columna exijo que la Presidenta de la CNDH haga valer sus funciones y actúe legalmente utilizando el recurso antes mencionado en favor de todos los ciudadanos a la brevedad y que considere que necesita personal que conozca plenamente las funciones y capacidades del organismo y puesto que detenta, que queda claro no es Raúl Albores que de contestar llamadas en la línea de quejas en la CONAPRED por arte de sepa dios qué hilos políticos aterriza en un puesto clave como es la titularidad del Programa que atiende VIH y diversidad en la Comisión Nacional.
Perder los fondos para gastos catastróficos es, como bien lo ha dicho, Alaín Pinzón, un crimen de Estado que promueve una necropolítica que va a dar como resultado no solo la pérdida de vidas mexicanas sino la quiebra de familias y grupos sociales que de por sí se han visto golpeados por la pandemia, como todxs, pero que sin esos fondos se van a ver en la calle.
Si aun contando con esos fondos son los menos los que acceden a ellos y muchos los que mueren en total desamparo sin ellos estamos llevando esa situación a todos los que habitamos el territorio mexicano.
Quedan pocos días para que la CNDH haga lo pertinente y detenga lo que puede resultar en un genocidio por omisión y dejar a su gobierno en una posición que le puede costar no solo el juicio legal sino su papel en la historia. Si su lealtad es hacia el Presidente López Obrador es obligatorio que le haga ver las consecuencias de sus decisiones y darle la pauta por la vía legal e institucional para que corrija el rumbo.
