Por Gerardo Sánchez Guadarrama
Durante la campaña Andrés Manuel prometió someter a consulta popular la posibilidad de que el matrimonio igualitario pudiera legalizarse a nivel nacional.
El 1 de julio se cumplieron dos años del triunfo de la Cuarta Transformación liderada por Andrés Manuel López Obrador. La promesa del nuevo gobierno era erradicar al régimen corrupto que generó impunidad en todos los ámbitos de la vida pública derivado de la normalización del delito. En este Estado putrefacto la población LGBTTTI también fue víctima y se formalizó la violación a sus derechos y la simulación de políticas públicas que suponían su protección. De hecho, hay una deuda pendiente aún.
Durante la campaña Andrés Manuel prometió someter a consulta popular la posibilidad de que el matrimonio igualitario pudiera legalizarse a nivel nacional, pero fue criticado porque en un país democrático los derechos no son objeto de plebiscito, sino de reconocimiento.
Aun así, en su primer año de gobierno su postura fue mayormente liberal y emitió un decreto para que el 17 de mayo se conmemore el Día Nacional de la lucha contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia; inspirado en la efeméride homónima internacional de cuando la Organización Mundial de la Salud eliminó de la lista de enfermedades mentales a la orientación sexual distinta al heterosexualismo.
También, vemos a Olga Sánchez Cordero que desde la Secretaría de Gobernación condena los transfeminicidios y promueve desde el discurso oficial el respeto a la diversidad; se percibe a una Secretaría de Cultura dispuesta a ofrecer entretenimiento con contenidos que abordan enfoques sobre la normalización del amor entre personas del mismo sexo, asumiendo incluso ataques del conservadurismo desde el anonimato violento de las redes sociales.
El discurso inclusivo desde las jerarquías más altas de cualquier gobierno es fundamental para contener la violencia -latente o no- al que un grupo de la sociedad es y ha sido víctima, como en el caso es la comunidad LGBT+; y es que si la postura fuera contraria, se ejercería una especie de “autorización” para los actos de discriminación. Ver caso Donald Trump, quien desde su discurso racista sacudió el avispero estadounidense y se dispararon los actos agresivos en el día-día contra comunidad latina y afrodescendientes.
Sin embargo, pese a que la postura de la 4T pareciera ser más empática con este sector de la población -comparada incluso con sexenios anteriores-, existe la sospecha de que la instrucción del alto mando de pronto pudiera diluirse conforme el organigrama va en descenso debido al arraigo cultural LGBTTTIóbico de los y las mexicanes. De hecho, el escritor y académico de la Universidad de Texas en Austin, Héctor Domínguez-Ruvalcaba; ha reconocido que en México predomina una izquierda machista y un “clóset institucionalizado”: la diversidad es permitida sólo para la Zona Rosa y no para el desempeño laboral.
Y tal vez por esta razón la Homofobia, la Transfobia o la Bifobia pudieran estar presentes entre director@s generales, subdirecciones, personal técnico, operativos, legislador@s o gobernador@s (reciclados de sexenios anteriores o de nueva adquisición), y que aún no adoptan el mensaje de inclusión emanado desde la autoridad moral de la 4T, eligiendo llevar a su área de trabajo el prejuicio y la fobia, y desde su percepción frenar programas o iniciativas, o bien, ignorar leyes o protocolos que tanto esfuerzo ha costado a la comunidad construir. Y es entonces donde se presenta el área de oportunidad para la 4T y mejorar sobre la marcha, ni modo, así es. De tal suerte, habría que estar dispuestos y dispuestas a la revisión constante.
Por ejemplo, fomentar la denuncia y sanciones -con pruebas obviamente- de los servidores públicos que pretendan reciclar la cultura LGBTTTIfóbica; también -apelando al filósofo Enrique Dussel- insistir en la inversión de gasto para la evaluación y capacitación del personal de gobierno siendo la Inclusión una materia obligada y apostarle a la transformación de muy probables percepciones altamente discriminatorias desde el aparato burocrático.
Fuente: Forbes
