El jueves pasado, activistas defensores de personas que viven con VIH se apostaron desde temprano a las afueras del Senado de la República para luego enfrentarse con los policías tras seis horas de espera y no ser recibidos por las autoridades.
Un día anterior, en la Cámara de Diputados la mayoría y sus aliados habían aprobado una reforma a la Ley General de Salud en la que se autorizaba el traslado de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud del Bienestar a la Secretaría de Hacienda.
La preocupación de los activistas es que los recursos quedaban sin una etiqueta clara que les diera un destino para atención integral de la salud, particularmente de las personas que viven con VIH. Además de que se partía de una premisa equivocada, que el dinero era un “excedente”, como si ya se hubiera atendido al cien por ciento la pandemia que data de la década de los ochenta.
“Queremos simplemente que, si se va a trasladar a la tesorería, ese recurso por los 33 mil millones de pesos quede etiquetado para atención integral de personas que viven con VIH, a través de un artículo transitorio”, expresaron en repetidas ocasiones los defensores de derechos humanos.
Entonces vino el atole con el dedo. Después de bloquear las avenidas Insurgentes y Reforma, y de derribar las vallas que resguardaban el recinto legislativo, los manifestantes fueron recibidos por un grupo de senadoras y senadores: Miguel Ángel Navarro, Malú Micher, Patricia Mercado, Índira Kempis, Antares Vázquez y Emilio Álvarez Icaza.
Se dijo de todo, desde el reconocimiento por parte de la senadora de Morena Antares Vázquez de que se trataba de recursos “ociosos”, hasta que no se conocía la minuta que venía de la Cámara Baja. Se dijo incluso, con cinismo evidente, que la ley de ingresos era una cosa completamente diferente a la exigencia de los activistas.
Acordaron reuniones con los titulares de Censida, de los institutos especializados de salud, del IMSS, ISSSTE e INSABI para atender las exigencias de quienes hacía unos minutos también habían lanzado huevos en la fachada del Senado como signo de protesta.
Pero la operación para calmar la protesta comenzó desde un día antes: convocados por Raúl Albores, titular del programa de VIH de la CNDH, con la gestión de Jaime López Vela, los activistas sostuvieron una reunión vía zoom con senadores y senadoras. En donde también se dejaron escuchar supuestos mensajes de apoyo por parte de los legisladores.
Apenas habían despedido a los manifestantes, el mismo jueves a las 17:30 horas fueron convocadas las comisiones de Salud y Estudios Legislativos segunda para dictaminar la minuta que reformaba la ley general de salud. No hubo quórum y entonces la fracción de Morena sacó un as bajo la manga: una reserva en la discusión del paquete fiscal, presentada por el mismo Miguel Ángel Navarro.
Dentro de la discusión de la Ley de Ingresos, esa que no competía a las exigencias de los activistas, Morena propuso que se autorizara el traslado de los 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud a la Secretaría de Hacienda. La oposición denunció un proceso desaseado e incluso sugirió que el recurso fuera etiquetado para “medicamentos y vacunas”, sin obtener respuesta.
Con la mayoría de votos de Morena y sus aliados, el Senado se salió con la suya y, sin reformar la Ley General de Salud todavía, aprobó que los recursos que podrían ser destinados para la atención integral de personas que viven con VIH simplemente fueran trasladados a la tesorería sin certeza de cuál será su uso.
“Queríamos un transitorio y nos dieron atole con el dedo”, fue la conclusión de alguien que protestó, se llevó golpes y empujones por parte de los policías y que al final no obtuvo lo que exigía. Y mientras tanto, funcionarios de la cuatro té que decían apoyar a la comunidad LGBT y mismos activistas se quedaron callados frente al albazo legislativo. Avanza el régimen cuatro casillas.
